Honduras requiere acciones enfocadas en la preparación y respuesta a emergencias como la de Eta y Iota, pero también para cualquier otro tipo de emergencia que requiera de asistencia de emergencia y reconstrucción. El 2 de octubre de 2021 ocurrió un incendio de grandes proporciones en el Cayo Bonacca de la isla de Guanaja en Islas de la Bahía el cual provocó personas heridas y daños en el 40% del casco urbano de la Isla. Durante el 2022 los esfuerzos de recuperación y construcción de resiliencia, que iniciaron posterior al incendio, continuaron en la zona. Entre ellos destacan espacios de formación a jóvenes voluntarios y voluntarias en temas de gestión de riesgos, respuesta a emergencia y resiliencia, recibiendo el título de Guardianes de la Resiliencia. Además, se acompañó en la formulación de un plan municipal de recuperación con enfoque de género y grupos vulnerables y se apoyó a 42 hogares, el 18% de los afectados, a recuperar sus medios de vida.

Los impactos de los fenómenos climáticos también afectaron al sector productivo del país, lo que en consecuencia afecta la seguridad alimentaria de las personas, primero en las comunidades directamente impactadas, pero con efectos a nivel nacional. Para contribuir a aliviar esta situación de las diversas familias afectadas, Naciones Unidas brindó asistencia alimentaria a al menos 2,500 hogares a través de transferencias de efectivo y canastas de alimento. Además, se fortalecieron capacidades y se entregó equipo a productores de pequeña escala con el fin de crear y rehabilitar medios de vida productivos y económicos. Esto incluyó brindar acceso a productores a sistemas de riego y reciclaje de aguas grises, así como brindar acceso a tecnologías postcosecha mediante silos metálicos para almacenamiento a más de 880 productores.

Parte de las acciones que permitirán a Honduras prepararse para aprovechar las oportunidades estructurales emergentes requieren que el país y sus instituciones estén capacitadas en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, así como preparadas para responder a emergencias. En este sentido, Naciones Unidas trabaja liderando la Red Humanitaria de Honduras junto a la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), la cual está compuesta por más de 50 organizaciones y trabajan en 8 clústers1 temáticos.

Durante el 2022, se fortaleció esta estructura a través del Taller de Preparación para la Temporada Ciclónica, así como otros procesos de formación como talleres de Coordinación y Gestión de Albergues en el contexto de esta temporada, pero también ante flujos masivos de migrantes en tránsito que caracterizaron el 2022. Además, gracias al trabajo de fortalecimiento de capacidades a nivel local, los Comités de Emergencia Municipales (CODEM) y los Comités de Emergencia Locales (CODEL) cuentan con herramientas para la formulación de implementación de planes de respuesta a emergencias considerando sus recursos disponibles.

Sin embargo, no sólo se trata de responder a las emergencias, sino también al fortalecimiento de la adaptación y mitigación del cambio climático. En este sentido, algunas de las acciones destacadas incluyen un mejor manejo de recursos naturales, gestión de desechos químicos y residuos sólidos, gestión integrada de cuencas hidrográficas, así como la reforestación y restauración de áreas forestales.

Concretamente, 2,073.3 hectáreas de bosque han sido reforestadas o identificadas para reforestar, mientras que la Cuenca del Río Motagua ha sido fortalecida en lo que refiere a su gestión integrada, beneficiando así a 24,708 personas por medio de sistemas ecosistémicos, gestión de recursos naturales, y un mejor manejo de desechos químicos y residuos sólidos.

El impacto económico del cambio climático y fenómenos que derivan del mismo, se observa que son palpables tanto a nivel nacional como familiar. En este sentido, Naciones Unidas ejecutó acciones que contribuyen a transformar la economía de las poblaciones afectadas a través de la creación de espacios de fortalecimiento de capacidades para identificar y acceder a oportunidades de empleabilidad local, autoempleo a través de emprendimientos con planes de inversión, apoyo en creación de microempresas y capital semilla para estas.

Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27, se reafirmó el compromiso de los estados miembros de Naciones Unidas de limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Esta decisión sirve para reforzar la acción de los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos inevitables y adversos del cambio climático, además de impulsar el apoyo al financiamiento, la tecnología y la creación de capacidades que necesitan los países en desarrollo. En esta línea, Naciones Unidas promovió la Ruta Eléctrica Centroamericana a finales del 2022, la cual consistió en una caravana de vehículos eléctricos desde Guatemala hasta Panamá. En su paso por Honduras, se inauguró el primer cargador de vehículos eléctricos en el país, el cual está ubicado en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM). Esta acción permitió exponer los avances en movilidad eléctrica y evidenciar la existencia de infraestructura para promover dicha tecnología.

Por otro parte, se acompañó al Estado de Honduras en la preparación de planes nacionales de participación de las partes interesadas de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en ingl és), así c omo el informe nacional sobre marcos legales y regulaciones sobre las mismas. Dichos procesos incluyeron la vinculación del sector privado, así como la integración de institucionalidad local. Con esto Honduras da pasos importantes en los compromisos asumidos como parte del Acuerdo de París. Asimismo, se apoyó la estrategia de promoción del derecho a un medio ambiente sano a través de incidencia y apoyo técnico a instituciones del Estado y organizaciones de sociedad civil.

Como parte de acciones que promuevan una economía verde y circular, Naciones Unidas apoyó capacidades de conectividad entre áreas protegidas y paisajes productivos para obtener beneficios sociales, ambientales y económicos. Esto se logró a través del cultivo de casi 3,400 hectáreas de café y 107 hectáreas de cacao en fincas que implementan prácticas sostenibles en producción y aumentan este tipo de conectividad. Con estas acciones se contribuye a mejorar el manejo de recursos naturales y por ende a adaptarse mejor al cambio climático, logrando que menos personas sean impactadas por sus efectos.

Además, se contribuyó a la mejora de la Reserva de la Biósfera del Río Plátano a través de acciones para la preparación de estatutos y regulaciones del Cómite Local de Administración, la reestructuración de la Junta Directiva (incluyendo tanto a Consejos Territoriales, Municipalidades, ONGs, y una Red Juvenil), reuniones y asambleas de coordinación con diferentes actores clave en la Reserva (gobierno, comunidades locales, ONGs, y la creación de una organización de soporte interinstitucional, así como la formación de una Red Juvenil de la Reserva de la Biosfera del Río Plátano. Naciones Unidas, realiza también la documentación de la situación de acceso al agua y a un medio ambiente sano, particularmente en comunidades en la zona costera norte del país, a la luz de los efectos de contaminación del Río Motagua.

Durante el año 2022, Naciones Unidas trabajó de cerca con la Secretaría de Educación en procesos relacionados con el retorno seguro a las escuelas y la transformación de la educación. Con el fin de contribuir a la inclusividad digital, se ejecutaron los proyectos Pasaporte de Aprendizaje y proyecto GIGA. Gracias a su implementación se brindó conectividad a 38 escuelas y se actualizó la currícula educativa que ofrece la plataforma nacional EDUCATRACHOS con temáticas de género, asegurando que sus usuarios se capaciten en temas de igualdad de género.

Se fortaleció también el sistema de educación vocacional del Estado a través de la modernización de la oferta de cursos técnicos en centros de capacitación comunitaria, la creación de currículas educativas vocacionales en al menos 12 comunidades y la dotación de recursos tecnológicos, técnicos y logísticos al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). Estas acciones permiten a las y los jóvenes a acceder a nuevas oportunidades de empleo, alejándolos de caer en violencia y desplazamiento.