Las Agencias, Fondos y Programas de Naciones Unidas contribuyeron a reducir la violencia en comunidades conflictivas a través de acciones de vinculación con las mismas. Por ejemplo, a través de un proyecto financiado por el Fondo de Consolidación de la Paz, se movilizaron más de 60 mil personas contra la violencia de género y violencia sexual, a través de actividades de interacción comunitaria y trabajo educativo de habilidades para la vida con jóvenes. Este trabajo fue tan potente que la juventud se organizó entre sí para ampliarlo y lograron triplicar su alcance. Con esto se logró consolidar cinco equipos con 13 lideresas y 18 líderes expertos en mediación y prevención de violencia en 42 comunidades al norte del país expuestas a violencia armada.

La violencia contra mujeres y niñas sigue siento una alerta nacional. Con cerca de 300 mujeres asesinadas de forma violenta en el 2022, el abordaje de la problemática requiere acciones urgentes del Estado en asocio con todos los sectores de la sociedad. Desde hace 4 años se implementa en el país la Iniciativa Spotlight, una iniciativa conjunta entre Naciones Unidas y la Unión Europea para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. A través de Spotlight, en apoyo y coordinación con el Gobierno y sociedad civil, se fortaleció la agenda legislativa para el abordaje de este tipo de violencia. Esto se logró a través de acciones como la formulación del proyecto de ley Alerta Morada para la Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, en alianza con la Comisión de Seguimiento a las Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios para su aprobación. Asimismo, se creó la subcomisión para el seguimiento del Mecanismo de Alerta Morada.

En temas legislativos, también se incidió, en privado y en público, por la aprobación de leyes largamente demoradas en el Congreso Nacional como ser la Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres, la Ley Casas Refugio, Ley para Protección de Mujeres en Situaciones de Desastres Naturales y Emergencia y la Ley de Educación Sexual Integral de Prevención de Embarazo Adolescente. Asimismo, se continuó la incidencia para la aprobación de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia que desde el 2009 es ilegal en el país. Para contribuir en estos procesos, la Comisión de Equidad de Género fortaleció su visibilidad y mejoró sus capacidades de incidencia para la aprobación de leyes en favor de los derechos de las mujeres gracias a la asistencia técnica brindada por la ONU.

Con el acompañamiento técnico de Naciones Unidas, el Gobierno promovió el abordaje integral de género en toda su estructura a través de la creación de Oficinas de Género en diferentes Secretarías del Estado. Destaca la creación de una Dirección de Género en la Secretaría de Gestión de Riesgos y Atención a Emergencias (COPECO) para el seguimiento a políticas públicas en materia de género y emergencias y situaciones humanitarias, a la cual se le brinda asesoría. Uno de los logros más celebrados del año, fue la aprobación de una ordenanza municipal en contra del acoso callejero municipal en La Ceiba. Este municipio es el primero en tomar este tipo de medidas contra el acoso callejero en el país y Naciones Unidas colaboró, junto a la Red Contra la Violencia hacia Mujeres y Niñas, en la socialización del protocolo de aplicación de esta ante entes de seguridad y entes judiciales.

La tolerancia social y normalización de la violencia contra mujeres y niñas se evidenció en el Estudio de Tolerancia realizado en el marco de la Iniciativa Spotlight. Para contrarrestar esta situación, se incidió entre jóvenes, hombres y líderes y lideresas comunitarias. A través de procesos de arte y cultura se incidió, y puso en el foco público, paradigmas patriarcales y la necesidad de abordarlos de raíz, contribuyendo a motivar el cambio social en más de 300 mil personas alcanzadas con estas acciones. Se sostuvieron también una serie de diálogos interreligiosos a nivel nacional donde miembros de organizaciones basadas en la fe compartieron sus reflexiones sobre la forma en que pueden prevenir este tipo de violencia y apoyar a las víctimas. Asimismo, hombres jóvenes fueron formados en procesos de masculinidades positivas.

Los derechos de las mujeres y niñas siguen siendo un tema que se debe fortalecer en el país. Para ello, se brindó cooperación técnica a varias organizaciones de sociedad civil para incrementar el uso de estándares internacionales y regionales de derechos humanos. Con las capacidades adquiridas, las organizaciones han comenzado a fortalecer capacidades a lo interno y avanzado en sus estrategias de litigio. Un caso de éxito fue el de la absolución de los cargos en un caso de criminalización del aborto en El Progreso, Yoro.

Honduras es cada vez más peligrosa para las y los defensores de derechos humanos. En el 2022, según el informe de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de este año, se registraron al menos 173 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, resultando un total de 242 víctimas, de las cuales 191 son defensoras y 51 periodistas.

En este sentido, se fortaleció la labor de Naciones Unidas en cuanto a asesoría para la autoprotección integral de defensores y defensoras de derechos humanos, para lo cual se puso en marcha una metodología que permite identificar necesidades de protección a partir de información recabada en el proceso de documentación y acompañamiento brindado a defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, entre otros.

Por otro lado, Naciones Unidas contribuyó al abordaje de las causas estructurales de la conflictividad existente en el país vinculada al acceso, tenencia, posesión y uso de la tierra y territorio. Se brindó asistencia técnica al Estado para el abordaje del conflicto agrario del Bajo Aguán, el cual data a más de 30 años atrás y que ha conllevado violaciones de derechos humanos, principalmente contra defensores ambientales y de la tierra. A través de esfuerzos de incidencia se contribuyó a la prevención de la práctica de desalojos forzosos en casos del Bajo Aguán en los departamentos de La Paz, Intibucá y Atlántida. Asimismo, a través de asistencia técnica a la mesa interinstitucional para la Prevención y Abordaje de la Conflictividad, liderada por la Secretaría de Derechos Humanos, se creó un sub-grupo de Tierra y Territorio, y se establecieron diez mesas departamentales que mantienen comunicación permanente con la Mesa Nacional y con organizaciones de sociedad civil para llevar a cabo un abordaje preventivo.

En temas de medio ambiente, destaca también que la sociedad civil cuenta con capacidades fortalecidas para lograr incidencia hacia la pronta adhesión de Honduras al “Acuerdo de Escazú”. La adhesión es clave para asegurar el acceso a la información pública en procesos de toma de decisiones ambientales, el acceso a la justicia en temas ambientales y el fortalecimiento de capacidades y cooperación para el derecho a un ambiente sano.

Honduras se caracteriza por ser un país de flujos migratorios mixtos. Más de 247,000 personas han sido desplazadas internamente por violencia, mientras que 188,858 personas ingresaron al país de forma irregular para continuar su camino hacia el norte, y 88,555 hondureños y hondureñas fueron migrantes retornadas. En este contexto, se puso en marcha un mecanismo regional para el monitoreo activo de la situación de sus derechos humanos, lo que ha permitido tener una estrategia articulada a nivel regional y nacional que involucra una multiplicidad de actores. Asimismo, se formó la Red Nacional de Migración, en el marco del Pacto Global de Migración, que permite un espacio interinstitucional para acciones que contribuyan a lograr una migración segura, ordenada y regular.

Naciones Unidas contribuyó con el establecimiento de un espacio inter agencial e incidió con actores institucionales y de sociedad civil para la adopción de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente en Honduras, misma que fue aprobada por el Congreso Nacional en diciembre de 2022. Esta ley es un paso importante para abordar las necesidades de los desplazados y el fenómeno de los desarraigos masivos de una manera integral.

Como parte de la asistencia a las personas en situación de movilidad, se fortalecieron las capacidades de atención los centros de atención en Trojes, Danlí (El Paraíso), a través de apoyo en infraestructura y dotación de insumos. Asimismo, se fortaleció la Casa de Migrantes de Ocotepeque y se reconstruyó el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) en La Lima, Cortés, el cual fue severamente afectado tras las tormentas tropicales Eta e Iota. También se realizaron intervenciones en otras regiones donde se brindan asistencias complementarias, todo con el fin de mejorar las condiciones de recepción y las capacidades de respuesta a personas migrantes y solicitantes de asilo. Para ello también se sensibilizó a personas en comunidades acerca de las causas del desplazamiento forzado y la necesidad de protección de ellas, contribuyendo a disminuir los discursos de odio y discriminación, y, por ende, la violencia. Se logró la coordinación con más de 200 organizaciones de base para brindar protección comunitaria, coordinación con gobiernos locales y otros aliados para su protección y atención de personas en tránsito.

Además, Naciones Unidas ha recuperado espacios públicos en comunidades priorizadas, con base en el estudio de “Caracterización del Desplazamiento Forzado”, identificadas como zonas de expulsión y recepción de personas. Esto se logró a través de la mejora en infraestructura acompañado por procesos de liderazgo comunitario. Este proceso significó un incremento en la participación ciudadana de mujeres y jóvenes quienes trabajan en desarrollar estrategias comunitarias para reducir el desplazamiento forzado.

La prevención de la violencia va intrínsicamente relacionada con la igualdad de género y la no discriminación de las personas en situación de vulnerabilidad. En este sentido, se han desarrollado acciones focalizadas en las personas en situación de movilidad, la comunidad LGTBIQ+, las mujeres y niñas, y personas con discapacidad, entre otras.

En cuanto a la comunidad LGTBIQ+, se brindó asistencia técnica a organizaciones de sociedad civil en temas de litigio estratégico, lo que resultó en capacidades fortalecidas para llevar a cabo litigios estratégicos y centrados en las víctimas de casos de violaciones de derechos humanos.

Por otro lado, las personas con discapacidad siguen siendo de las más dejadas atrás en Honduras. Naciones Unidas brinda cooperación técnica en la revisión de la Ley de Equidad y Desarrollo para las Personas con Discapacidad para la modificación de la propuesta de ley a la luz de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En lo que refiere a las enfermedades transmisibles que afectan a diversas personas en vulnerabilidad en todo el país, se brindó cooperación técnica en planificación, coordinación, capacitación, vigilancia de enfermedades, análisis de indicadores y otros, para poder mejorar la atención y conocimiento a pacientes con enfermedades como la malaria, lepra, sarampión y rubeola, entre otros. Entre las acciones destacadas, se logró la certificación del Laboratorio Nacional de Virología para la realización de pruebas de sarampión y rubeola de acuerdo con estándares regionales. Asimismo, se colaboró con el Estado en la respuesta en emergencias a través de reportes de situación con base a los eventos o emergencias sanitarias emergentes, así como un sistema de alerta de respuesta comunitario en municipios priorizados. Como parte de respuesta a emergencias sanitarias, se ejecuta un proyecto a través del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF por sus siglas en inglés) en 4 regiones priorizadas.

Como parte del fortalecimiento institucional de salud, se brindó asistencia técnica al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en el suministro de medicamentos, material médico quirúrgico y mejora en la cadena de abastecimiento. Durante el año que reporta este informe, se logró un alto nivel de eficiencia y transparencia en los procesos de adquisición correspondientes, que incluyeron 2 procesos de adquisición de material médico quirúrgico y 10 procesos de adquisición de medicamentos. Por otro lado, se apoyó al país en aumentar las coberturas de vacunación contra la COVID-19 a través del apoyo al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de Salud con la adquisición y logística de 200 cajas frías y otros insumos para el transporte de vacunas y la aplicación de la vacuna pediátrica. Con dicha donación se mejoró directamente la cadena de frío de 600 establecimientos de salud y el mantenimiento de las vacunas en 8 regiones sanitarias del país donde más de 571,000 niños y niñas, entre 5 y 11 años, fueron vacunados contra la COVID-19.

La educación es también un sector que se vio sumamente afectado desde el 2020 con la pandemia por COVID-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota. El retorno a escuelas se retomó apenas a inicios del 2022, lo cual significó un atraso sustancial en la educación de niñas, niños y adolescentes en el país. La infraestructura escolar presentaba además un reto importante por los daños ante los fenómenos climáticos, así como por las condiciones de agua y saneamiento para la prevención de la COVID-19 y otras enfermedades.

Dicho eso, el Sistema de Naciones Unidas en Honduras acompañó al Estado de Honduras en el proceso de consultas nacionales para la Cumbre Global de Transformación de la Educación. Se realizaron, junto a la Secretaría de Educación, 10 talleres de consultas donde estudiantes, docentes y líderes en temas de educación, a todos los niveles, participaron compartiendo los desafíos principales en su contexto y las acciones que consideraban debían implementarse para superarlos. Las consultas resultaron en el compromiso nacional para la transformación de la Educación que la presidenta Xiomara Castro presentó en la Cumbre de Transformación de la Educación durante la Asamblea General de Naciones Unidas 2022. Paralelamente, Naciones Unidas trabajó para rehabilitar al menos 120 centros educativos, lo que incluyó reparaciones que permitieran promover la presencialidad, puesto que el acceso a educación digital, o por otros medios alternativos, aún es sumamente limitado en el país.

La rehabilitación incluyó la mejora de infraestructura básica sanitaria, incluyendo agua y saneamiento e higiene menstrual. Asimismo, se continuó con la implementación de acciones con socios estratégicos encaminadas a lograr el acceso seguro de población marginada vulnerable de niños, niñas y adolescentes, a espacios seguros de aprendizaje alternativos de calidad, con el Sistema de Aprendizaje Tutorial ST y el proyecto Re imaginando la Escuela. Asimismo, se promovió la conectividad a través de la iniciativa de Pasaporte de Aprendizaje, y la inclusión de temas como la equidad, igualdad de género y abordaje de la violencia a través de procesos de fortalecimiento y el empoderamiento de comunidades escolares junto a municipalidades y centros educativos.

La situación de nutrición en niños, niñas y adolescentes es también un tema de suma preocupación en el país, donde a inicios del 2022 se proyectaba que 2.6 millones de personas estarían en situación de crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda para el período de junio a agosto de ese año. Para contribuir a la solución de dicha situación, se logró beneficiar a alrededor de 1.5 millones de personas por medio de alimentos, transferencias monetarias, vouchers, transferencias para el fortalecimiento de capacidades, así como tratamientos de malnutrición y programas de prevención.

Dicho esfuerzo incluye el apoyo al Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), que ejecutó más de 12 millones de dólares en dicho sentido. Finalmente, se logró la primera ronda de la campaña de desparasitación con la que se beneficiaron 1,8 millones de estudiantes de alrededor de 22,800 centros educativos gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional. En comunidades afectadas por emergencia nutricional, Naciones Unidas se centró en el empoderamiento de las mujeres y el desarrollo económico, especialmente entre grupos de pueblos indígenas. Se asistió a grupos de población Pech y Garífunas en la creación y medios de subsistencia a pequeña escala y se promovió el liderazgo de mujeres en ellos.