En este sentido, Naciones Unidas contribuyó al proceso de renovación de la confianza en las instituciones públicas brindando conocimientos y fortaleciendo capacidades de las y los funcionarios públicos de la nueva administración. A través de este tipo de procesos, se contribuyó a que cuenten con los conocimientos y herramientas adecuadas en las materias en que se desempeñan, entre ellas el desarrollo de participación ciudadana inclusiva e incidencia política, gestión y administración pública con enfoque de género, contexto migratorio y reintegración sostenible de migrantes, trata de personas, seguridad, derechos humanos, veeduría social y acceso a la justicia.
Asimismo, Naciones Unidas contribuyó en el diseño y la formulación de políticas públicas y propuestas de ley, para el fortalecimiento del Estado de Derecho, así como abogacía para su aprobación. Uno de los procesos emblemáticos del año, en el cual Naciones Unidas brindó asistencia técnica e incidió fuertemente a través de esfuerzos de abogacía. En dicho proceso, la ONU contribuyó a la elaboración y aprobación de la nueva Ley de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidaturas con un enfoque de derechos humanos e igualdad de género. A través de ello, se fortaleció el estado de derecho, al introducir garantías de transparencia, publicidad, paridad de género, auditoría social y elección con base a criterios objetivos.
Asimismo, la abogacía alrededor de la discusión y aprobación de leyes largamente esperadas, se hizo patente a finales del 2022 cuando el Congreso nacional aprobó la Ley de Prevención, Atención y Protección de las personas desplazadas forzadamente, dicha Ley contempla una serie de medidas integrales para prevenir el desplazamiento interno, mediante sistemas de alerta temprana, planes de prevención y contingencia; asistencia humanitaria y protección de derechos afectados, como la educación, la vivienda, tierra y propiedad abandonada o despojada; así como capital semilla y acceso a la justicia para el logro de soluciones duraderas. Durante tres años Naciones Unidas abogó e hizo incidencia pública, junto a organizaciones de sociedad civil. Estas acciones, como reuniones bilaterales, foros técnicos y de alto nivel para discutir la ley, campañas de sensibilización y cobertura mediática, incidieron en posicionar el tema en la agenda y opinión pública, así como dentro de las prioridades nacionales, logrando así su apropiación y, eventualmente la aprobación de la misma.
Además, con la esperanza de ver este resultado en otros procesos legislativos pendientes, Naciones Unidas continúa abogando y trabajando junto a socios estratégicos para la aprobación de leyes en pro de la niñez, las personas con discapacidad, las mujeres y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. En temas de políticas públicas se brindó acompañamiento al Gobierno de Honduras en la actualización de políticas públicas vinculadas a seguridad alimentaria y nutricional, así como la socialización de la Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PyENSAN 2030) y su implementación. También se apoyó en la creación del primer Consejo Nacional del Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH) donde se aprobó la Política Nacional de Niñez, la cual fue sometida para su consideración en el Congreso Nacional, y los lineamientos estratégicos del Plan de Respuesta para Migración.
Como parte de las contribuciones de Naciones Unidas a la planificación del desarrollo sostenible, se publicó el Índice de Desarrollo Humano 2022, el cual contiene 50 propuestas de política pública, en áreas como el fortalecimiento del Estado de Derecho, justicia, democracia, descentralización, y transformación digital, entre otras.
Dentro de las contribuciones al Estado de Derecho, cabe destacar que, durante el 2022, Naciones Unidas continuó su apoyo con el enrolamiento de personas para la obtención de su Documento Nacional de Identificación (DNI), lo que les habilita a ejercer sus derechos, entre ellos los políticos y especialmente aquellos referidos al ejercicio del voto, así como también el acceso a servicios. Al 2022 se habían enrolado 5.8 millones de personas. En otro aspecto, la migración y el desplazamiento forzado impactaron fuertemente al país durante el año, recibiendo un alto flujo de migrantes en tránsito que desbordó las capacidades nacionales para su atención. En seguimiento a la difícil situación, se contribuyó al fortalecimiento de capacidades técnicas, tecnológicas, logísticas y humanas, así como en infraestructura de instituciones gubernamentales con el fin de mejorar la capacidad, conocimiento y condiciones para responder a la población de personas en movilidad, lo cual incluye a personas migrantes, personas migrantes en tránsito, personas migrantes retornadas, y personas desplazadas de manera forzada.
Finalmente, como parte de la implementación de la nueva agenda urbana y la recuperación postpandemia en Centroamérica, las instituciones nacionales cuentan con un diagnóstico claro de los principales retos urbanos y territoriales. Estas consideran las dinámicas demográficas, sociales y económicas actuales, acompañado de asistencia técnica, lo que ha permitido avances significativos en la creación de la Política Urbana Nacional para Honduras de forma participativa, lo cual contribuye a la construcción de mejores condiciones de vida para poblaciones vulnerables, especialmente aquellas en asentamientos irregulares. En este sentido, ya se identificaron necesidades puntuales de comunidades en cuatro asentamientos informales en el país.
